En ocasiones pensamos que determinadas acciones no son punibles porque no están tipificadas en ninguna ley como infracción o delito; que se lo pregunten al que han sancionado con 60.000 euros por dar de alta una dirección de email en una lista de distribución sin consentimiento del titular; se considera una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El infractor no se molestó en ocultar su IP y pudieron pillarlo por ahí.
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