Las Agencias de Protección de Datos de los veinticinco estados miembros de la Unión Europea declararon que Swift, intermediaria en operaciones financieras internacionales, infringió la legislación vigente que protege la privacidad de sus clientes al informar al Departamento de Tesoro estadounidense de las transferencias realizadas por ciudadanos europeos. Dicha información fue usada por los servicios de espionaje norteamericanos en su lucha contra el terrorismo.
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