La demanda pionera fue interpuesta por Giselli, una inquilina del barrio sureño de Madrid que ha acumulado 10.000 euros de deuda en tan solo un año, pese a no haber dejado de pagar su alquiler social ni un solo mes. Esto responde, según consta en la denuncia, a las subidas encubiertas que se incluyen en los contratos de arrendamiento. Por este motivo, el director de Relaciones institucionales y de Vivienda Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha, y otros tres altos cargos de la entidad y de una de sus mediadoras, Servihabitat, deberán declarar.