¿Es votar en un sistema corrupto una forma de validación de este? Un análisis desde la lógica formal

Lo primero sería presentar pruebas irrefutables de que un sistema es corrupto.

Como esto es matemáticamente imposible, solo podemos basarnos en evidencias más allá de toda duda razonable.

1. Estado corrupto: definición operativa

Un Estado puede considerarse corrupto sin paliativos cuando concurren simultáneamente:

C₁ - corrupción sistémica en todos los niveles del poder

C₂ -mecanismos de control cooptados o inoperantes

C₃ - impunidad generalizada (indultos o absoluciones a condenados)

C₄ -concentración de la corrupción en los partidos dominantes

C₅ - reconocimiento internacional de la corrupción como estructural.



2. Aplicación al caso español

En España se observan evidencias de C₁–C₄, aunque no plenamente de C₅:

  • PP y PSOE concentran la mayoría de los casos de corrupción desde la transición.
  • Desde 1996, 231 personas condenadas por corrupción han sido indultadas (139 por Aznar, 62 por Zapatero, 16 por Rajoy y 4 por Sánchez).
  • El Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años bloqueado, vulnerando la separación de poderes.
  • En el caso ERE, las condenas a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
  • Podemos ha denunciado campañas de lawfare procedentes de las “cloacas del Estado” para frenar su ascenso político.
  • España cayó cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (56/100), situándose por debajo de la media europea.

Estos elementos reflejan un sistema con impunidad estructural, aunque no plenamente reconocido como corrupto a nivel internacional.

3. Conclusión lógica

Dado que en España no se cumplen simultáneamente las condiciones C₁–C₅, el sistema no puede calificarse como corrupto sin paliativos bajo la definición propuesta.

Por tanto, el acto de votar no equivale necesariamente a validar la corrupción, aunque sí implica una aceptación tácita del marco institucional vigente mientras no se den a la vez estas dos garantías básicas:

  1. Transparencia en tiempo real en la financiación y gestión de los partidos políticos (condición actualmente no satisfecha).
  2. Existencia de opciones electorales con historial probado de integridad.

En ausencia de ambas, el voto tiende a funcionar como señal de legitimación del sistema, independientemente de la intención individual.

En tales circunstancias, formas de disenso como la abstención, el voto en blanco o el voto nulo pueden interpretarse como estrategias lógicas de no validación.

Para regenerar el sistema serían necesarias medidas como la inhabilitación automática de partidos condenados por corrupción, la retirada proporcional de subvenciones y la revocación de mandatos tras sentencia firme.

Solo mediante mecanismos de control reales y transparencia efectiva podrá el voto recuperar su función de control ciudadano y dejar de operar como un acto de legitimación del poder establecido.