La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, asegura que unas 1.500 administraciones públicas han "desviado" parte de los fondos del Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno a principios del año pasado a abonar facturas que no habían sido autorizadas por el Ministerio de Hacienda, y reclama medidas de control para evitar un "mal uso" de este dinero en el caso de que el programa se reedite.
#2
P: "¿Cuáles son las autoridades pertinentes y cuál es el delito?"
R: El tribunal administrativo o económico-administrativo de cada localidad. El delito dependerá del caso concreto, pero una mayoría de ellos será malversación de caudales públicos. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malversacion-de-caudales-publicos/malversacion-de-caudales-publicos.htm Dependiendo de lo que hayan hecho con el dinero habrán incumplido el artículo 432, 433, 434, 435, u otros.
P: "¿Vas a llevar a miles de ayuntamientos ante los tribunales?"
R: Deberían. Si ha habido miles de delitos debería haber miles de investigaciones y miles de sentencias, unas a favor y otras en contra.
"Lo que se tiene que hacer es controlar dónde se destina ese dinero, y si no es para el objetivo marcado, no se da."
En efecto, ese debería ser el objetivo de esta acción, y así librarnos de miles de políticos corruptos en miles de ayuntamientos. Pero por desgracia hay partidos que corren mucho para hablar con la prensa y poco para hablar con los tribunales.
#5 El tribunal administrativo (¿?) o el económico administrativo no están desde luego, para eso, ni mucho menos, sino que resuelven los pleitos conteciosos que los particulares les pongan a las administraciones. Así que no.
El responsable, en su caso, sería el que aprueba el pago (el alcalde o en quien esté delegada la competencia, concejal o director general o quien sea) y además el interventor que fiscalizara el gasto (si es que está fiscalizado).
En cualquier caso, creo que aquí UPyD patina un poco o la noticia está mal redcatada. Los "gastos corrientes" y las facturas de teléfono pueden ser parte del pago a proveedores, en la medida en que fuesen facturas impagadas.
Otra cosa es que se destinase a financiar nuevos gastos del ejercicio corriente, que entonces si se trataría de destinar esos fondos a una finalidad distinta. Pero ahí lo mismo, la culpa sería de los responsables políticos y la intervención.
Pues hay una forma más fácil a mi entender.... denunciar por negligencia al tribunal de cuentas aportando alguna prueba. Luego seguro que ya se ponen las pilas y no se vuelve a colar nada. Que ellos están ahí, y cobran bien, para controlar todas estas cosas.
Comentarios
Pues ya va tardando en denunciar ante las autoridades pertinentes...
#1 Cuáles son las autoridades pertinentes y cuál es el delito? Vas a llevar a miles de ayuntamientos ante los tribunales?
Lo que se tiene que hacer es controlar dónde se destina ese dinero, y si no es para el objetivo marcado, no se da.
#2 Hacienda...y se dan nombres y apellidos.
#2
P: "¿Cuáles son las autoridades pertinentes y cuál es el delito?"
R: El tribunal administrativo o económico-administrativo de cada localidad. El delito dependerá del caso concreto, pero una mayoría de ellos será malversación de caudales públicos. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malversacion-de-caudales-publicos/malversacion-de-caudales-publicos.htm Dependiendo de lo que hayan hecho con el dinero habrán incumplido el artículo 432, 433, 434, 435, u otros.
P: "¿Vas a llevar a miles de ayuntamientos ante los tribunales?"
R: Deberían. Si ha habido miles de delitos debería haber miles de investigaciones y miles de sentencias, unas a favor y otras en contra.
"Lo que se tiene que hacer es controlar dónde se destina ese dinero, y si no es para el objetivo marcado, no se da."
En efecto, ese debería ser el objetivo de esta acción, y así librarnos de miles de políticos corruptos en miles de ayuntamientos. Pero por desgracia hay partidos que corren mucho para hablar con la prensa y poco para hablar con los tribunales.
#5 El tribunal administrativo (¿?) o el económico administrativo no están desde luego, para eso, ni mucho menos, sino que resuelven los pleitos conteciosos que los particulares les pongan a las administraciones. Así que no.
El responsable, en su caso, sería el que aprueba el pago (el alcalde o en quien esté delegada la competencia, concejal o director general o quien sea) y además el interventor que fiscalizara el gasto (si es que está fiscalizado).
En cualquier caso, creo que aquí UPyD patina un poco o la noticia está mal redcatada. Los "gastos corrientes" y las facturas de teléfono pueden ser parte del pago a proveedores, en la medida en que fuesen facturas impagadas.
Otra cosa es que se destinase a financiar nuevos gastos del ejercicio corriente, que entonces si se trataría de destinar esos fondos a una finalidad distinta. Pero ahí lo mismo, la culpa sería de los responsables políticos y la intervención.
Pues hay una forma más fácil a mi entender.... denunciar por negligencia al tribunal de cuentas aportando alguna prueba. Luego seguro que ya se ponen las pilas y no se vuelve a colar nada. Que ellos están ahí, y cobran bien, para controlar todas estas cosas.
Por qué la fiscalía nos denuncia de oficio???