Acusadas de “delitos contra la sociedad” por un gobierno que ni siquiera es capaz de suministrar electricidad a la población pero que llena las calles de cadáveres. El párrafo 156 del Código Penal, según el cual se las juzgó, señala que “cualquier persona que cometa intencionadamente un acto con la pretensión de violar la independencia de su país o su unidad, o la seguridad de su territorio y que ese acto, por su naturaleza, implique tal violación es punible con la pena de muerte”. El gobierno TÍTERE acusa a esas mujeres de sus mismos crímenes.
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