El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 150.000 euros impuesta a la empresa propietaria de Mina Conchita -de donde procedían los explosivos que estallaron en los trenes el 11-M y la que emplearon los suicidas de Leganés-, "Caolines de Merilles S.L.", por el "abandono" en que éstos se encontraban. La sentencia explica que la inspección se llevó sólo tres meses después del 11-M y "pudo constatarse el estado absoluto de descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos que habitualmente habían venido siendo utilizados".
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