La ley establece un sistema de tribunales militares para los sospechosos de terrorismo a medio camino entre las antiguas Comisiones y los tribunales normales, pero los acusados seguirán
sin tener acceso a las
pruebas presentadas contra ellos. La ley asume la
Convención de Ginebra, pero da al Gobierno margen de maniobra a la hora de
interpretarla. Puntos principales de la ley:
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