Las intenciones de la Xunta y la multinacional portuguesa Altri de instalar una celulosa que ocupe 366 hectáreas en el centro geográfico de Galicia han desatado una contestación social y ecologista innegable. Mientras el foco de las protestas se centra en las responsabilidades políticas del Gobierno gallego de Alfonso Rueda y las empresariales de Altri y Greenalia —con un 75% y un 25% de capital, respectivamente, en la sociedad instrumental que ejecuta el proyecto—, el sector forestal recibe la llegada de una ampliación de su modelo de negocio
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