La web pueblos-espana.org paraliza su funcionamiento ante adversidades judiciales derivadas de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información). Identifican a los culpables como "ciertos jueces, ciertos funcionarios judiciales, ciertos miembros de las fuerzas de seguridad y ciertos abogados que con su desidia, cobardía, ignorancia o avaricia han vulnerado ese Estado de Derecho que supuestamente disfrutamos en este país."
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