Esta autoridad audiovisual se constituiría como organismo público independiente del Gobierno y sus miembros serían elegidos por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados entre personal de reconocido prestigio en el sector audiovisual. De esta manera, pretende velar por una mayor pluralidad y por los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, especialmente en los jóvenes, menores de edad, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género.
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