las subvenciones al carbón nacional supusieron al Gobierno en 2009 un coste aproximado de 315 millones frente a los 6.215 millones que se gastó en las primas a las energías de régimen especial (que popularmente se conocen como renovables). Es decir, el carbón le cuesta al Estado veinte veces menos que las fuentes energéticas limpias.
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