El consejo de ministros aprobó el envío al congreso de los presupuestos generales del estado para 2007. Incluso antes de que nadie haya podido leerse los documentos, ya han aparecido las primeras voces críticas. Giran en torno a la cesión del 18,8% de los gastos en infraestructuras a Cataluña. El problema radica en que en el statut, en su disposición tercera, figura que el presupuesto para Cataluña en este concepto debe ser proporcional a su aportación al Estado.
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