La ofensiva legal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para llevar al banquillo a quienes lo investigaron o hablan públicamente de su caso ha abierto un debate de casi medio millón de euros: si es legal o no llamar “defraudador confeso” a Alberto González Amador. Sus abogados han demandado a casi una veintena de políticos, partidos y periodistas por usar ese término para referirse a él después de trascender que, efectivamente, su defensa había reconocido por escrito su doble fraude fiscal y había detallado una propuesta
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