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#1:
En las películas antiguas de cine negro, cuando la policía pillaba la libreta del contable de los mafiosos con todos sus pagos y chanchullos, desmantelaban la organización y se acababa la película.
Aquí ya no se sabe qué más es necesario para ilegalizar esta asociación de delincuentes, ni cuántas pruebas y casos hacen falta para ello. Deberíamos ser conscientes de que esta banda de ladrones nos están robando a todos, a todos, incluyendo a los que con tanto entusiasmo les defienden y votan.
Aquí ya no se sabe qué más es necesario para ilegalizar esta asociación de delincuentes, ni cuántas pruebas y casos hacen falta para ello. Deberíamos ser conscientes de que esta banda de ladrones nos están robando a todos, a todos, incluyendo a los que con tanto entusiasmo les defienden y votan.
#7:
#1 Aquí les da votos; han hecho tanto daño al sistema educativo y al sentido crítico general de la población que aún teniendo el ritmo de pufos que tienen y robando importes al erario que se miden con 2 dígitos en % del PIB, la gente sigue prefiriendo que les roben porque... No sé ya qué pensar, les tendrán cariño, miedo o algo, pero es que sino vienen los rojos.
#6:
Noticia es, pero ya no produce sorpresa en este país y eso si es triste. Lo que debería provocar asombro e indignacion nos lo tomamos como algo habitual. Vemos la lentitud de la justicia, la prepotencia de muchos de los acusados (rompiendo ordenadores, espiando ,...y siguen votando al pp.
#4:
#2 Se puede ver en modo lectura.
Hacienda descubre sobrecostes en un contrato de la T-4 de Barajas bajo sospecha por la caja b del PP
El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la Policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
Hacienda descubre sobrecostes en un contrato de la T-4 de Barajas bajo sospecha por la caja b del PP
El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la Policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
Comentarios
En las películas antiguas de cine negro, cuando la policía pillaba la libreta del contable de los mafiosos con todos sus pagos y chanchullos, desmantelaban la organización y se acababa la película.
Aquí ya no se sabe qué más es necesario para ilegalizar esta asociación de delincuentes, ni cuántas pruebas y casos hacen falta para ello. Deberíamos ser conscientes de que esta banda de ladrones nos están robando a todos, a todos, incluyendo a los que con tanto entusiasmo les defienden y votan.
#1 Es porque da para una serie de varias temporadas
#3 10 temporadas, su trilogía de películas, libros, los funko de Rato y Barcenas, una atracción en DisneyWorld y un par de spin off
Minimo
CC #1
#11 y un live action
#16 y una temática para un escape room
#42 hostia veo bastantes temáticas
una por cada caso de corrupción
#16 #25 prefiero un manga de temática josei
#49 Un anime en plan Jojo.
#11 yo quiero el funko de M. Rajoy.
No se sabe quien es pero yo me lo imagino con barba, de unos sesenta años, con rasgos del noroeste de España...
#17 me imagino al funko con una bolsa de papel en la cabeza y un ?
#19 #11 #21 #17 Mirad, os dejo este por aquí, por si os interesa.
#65 quiero la colección
#11 Oye, pues si el funko de Barcenas está bien hecho me lo pillo...
#11 me esperare a la version porno gay.
#11 Te dejas el videojuego y la app.
#47 y el musical, que no falte, basado en la novela grafica que su vez esta basado en una serie y esta en una pelicula.
#11 los funko de Rato y Barcenas
Si están bien hechos, soy capaz de comenzar una colección.
#52 no te lo digo en broma yo los coleccionaría los pondré al lado de Gandalf y de Tyrion
#11 El cómic ya lo tenemos...
#3 Luego te sacan el spinoff de Vox y no terminamos nunca
#1, es que aquí los que tienen que juzgar forman parte de la misma banda que los mafiosos.
#1 Aquí les da votos; han hecho tanto daño al sistema educativo y al sentido crítico general de la población que aún teniendo el ritmo de pufos que tienen y robando importes al erario que se miden con 2 dígitos en % del PIB, la gente sigue prefiriendo que les roben porque... No sé ya qué pensar, les tendrán cariño, miedo o algo, pero es que sino vienen los rojos.
#7 Los votantes del PP quieren ser como ellos... y les da igual que les roben...
#1 han desaprovechado la ocasión en Valencia que estaban todos juntos
#1 Hacen falta jueces no puestos a dedo por el partido de turno
#1 Los Soprano
#1 si controlan todo como los van a ilegalizar, los dos partidos corruptos son quienes nos gobiernan y un % inmenso les sigue votando
#1 estan tan metidos dentro de las instituciones que si se ilegaliza el PP todo el sistema se cae y seria un autentico caos.
#1 son casos aislados
#1 Aquí la banda invita a ponencias a corruptos ajenos, como Sarkozy.
#41 De todos modos... es causalidad o lo sabían y se rien de todos nosotros....organizan encuentro, a las 24 horas sale la sentencia de Sarkozy y a las 48h otro chanchullo aislado del gobierno de Aznar....a ver que sale mañana del enigmático M. Rajoy.
#41 Hay que promocionar la igualdad y que se expanda el argumento de la equidistancia.
#1 Es más, se sacaron del escroto una ley de partidos para limpiarse los miasmas con ella.
#1 las culpabilidades se dirimen en el juzgado, no lo hace la turba.
Y ya empieza a dar vergüenza ajena el argumentario de:
Si declaran inocentes a los míos es que son inocentes, pero si declaran inocentes a los otros es que la justicia está corrupta
#54 De los míos no hay ninguno condenado, de los ministros que estaban en la época que menciona el artículo, hay unos pocos en la cárcel...al menos dos dentro y uno que lo sacaron por enfermo.
#1
#1 El PP delinquiendo ¡Qué sorpresa!
Noticia es, pero ya no produce sorpresa en este país y eso si es triste. Lo que debería provocar asombro e indignacion nos lo tomamos como algo habitual. Vemos la lentitud de la justicia, la prepotencia de muchos de los acusados (rompiendo ordenadores, espiando ,...y siguen votando al pp.
Otro casito aislado de milloncejos desviados para el PP
Y como dice #6 lo malo es que lo asumimos como algo normal, una travesura de niño o algo asi
Últimamente cuando discuto de política con peperos y voxemitas utilizo mucho el término "Antiespañoles" para aludir a sus líderes, por eso de que están desvalijando el país y dejándolo en la ruina económica, social e institucional. Ponedlo en práctica, se cortocircuitan. Es súper gracioso.
Es descorazonador ver que esto no tiene ningún remedio, porque los chanchullos que están haciendo ahora saldrán a la luz dentro de unos años, y volverán a decir que esto no tiene nada que ver con el PP actual.
Se repite, se repite y se repite y no tiene solución.
Prescrito.
#8 que haya prescrito el robo y nadie vaya a pagar por ello, no hace que deje de ser un robo, y por tanto noticiable ¿no crees?
#56 Lo noticiable es que estos robos solo salgan a la luz una vez prescritos.
Repitamos a coro... "¡Vaya! ¡No me lo esperaba!"
Lo que debería hacer Hacienda, es hacer auditorías a todas las obras públicas de alto presupuesto y ver en qué ha habido sobrecostes. La cantidad de millones que "desaparecen" y la corrupción que se genera en la obra pública, es para pagar las pensiones de todos durante años.
Por ejemplo:
Es una práctica habitual, el adjudicar un proyecto en concurso público, por ejemplo y que la constructora que quiere el partido político de turno, presente 3 presupuestos, 2 de ellos un porcentaje más caros que el de la constructora que desde el principio se llevará el proyecto.
Otra práctica habitual, son los "precios contradictorios".
Proyectos de ejecución con memorias que dan pena, que al ejecutar la obra no contemplan todas las partidas de la misma y que una vez que se ejecutan, multiplican el precio de la obra x2, x3 e incluso más.
Otra práctica, es la utilización de materiales (mucho más caros que los de la competencia) de cierta marca, porque tienen acordado con esa marca un % del precio de la misma en forma de comisión para las "direcciones facultativas" entre los que se encuentran despachos de arquitectura, ingenierías y políticos de turno.
Y esto, en el mundo de la obra pública, es conocido por todo el mundo, incluso por hacienda, pero nadie hace nada al respecto. Y lo hacen de tooooodos los partidos políticos en cuanto llegan al poder.
A ver si creéis que el yate se paga solo...
PPSOE llevan robando a este país desde hace 40 años.Y a la gente le sigue dando igual,no tiene ni pies ni cabeza,como esta gentuza del PPSOE siguen en el hemiciclo.
No es normal que sigan teniendo un caladero de votos de 10 millones, a pesar de todas las mierdas que han echo a lo largo de todos estos años.
No me entra en la cabeza, que las personas que te están robando hasta la comida que te llevas a la boca,las sigas votando y permitiendo que te lo sigan haciendo día tras día.
Otro más... Esto es el día de la marmota
Aznar tiene casi 70, se la suda porque ya no va a ir a la cárcel, igual que se la suda a los que están ahora.
La t4 es para auditarla de principio a fin. Lo de cambiar el nombre y meter Adolfo Suárez en plena crisis olía a chamusquina desde el primer segundo... ni aportaba nada ni se lo merecía, Adolfo fue un mediocre que desapareció de la política en cuanto dejó de ser útil a los franquistas y luego fue blanqueado para usarlo como ejemplo de algo que nunca fue.
Eso sí, pobre funcionario el que haya sacado eso, porque irán a por él.
Todo esto ha prescrito y la dirección del PP es muy diferente de la que hay ahora. Circulen!
Más votos para el PP!!!!
Ilegalización del PP ya!!!!
Lamentablemente requiere registro.
#2 Se puede ver en modo lectura.
Hacienda descubre sobrecostes en un contrato de la T-4 de Barajas bajo sospecha por la caja b del PP
El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la Policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (...) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
#2 Utiliza el modo incógnito.
Y qué dicen Verga Sosa, Lomama y A3mierda de estoo....
Pero si se lo dicen en la cara y ya: "Estamos aquí para forrarnos" "Les dices burros y te votan"... jajaja, mirad a vuestro alrededor (familia, amigos, conocidos)... es lo que hay!!
Me empalan repetidas veces con un aerogenerador y no sangro. Dios bendito.
#31 pero encendido o apagado? La cosa cambia
Para sorpresa de nadie
Y la financiación ilegal de podemos que? Nadie va a hablar de eso?
El pollo Carvajal dijo que iba a presentar pruebas de ello y está mañana ha presentado unos contratos entre el Gobierno venezolano y el bufete de abogados de Garzon. ... Eso te lo afina un buen Fiscal y pasa de contrato entre Gobierno y bufete a "Podemos se financia ilegalmente" , en un suspiro!
No se podía saber. Imposible que los grandes gestores, los que tienen que volver al Gobierno para arreglar lo que está rompiendo el actual, hayan hecho eso
Cuando a alguien le pillan, ya es mala suerte que sea la primera vez que lo hace. Teniendo en cuenta lo que sabemos del pp le viene al pelo la frase esa de "Es la punta del iceberg"
El problema es que la punta es tan grande, que al parecer da muchisima pereza a la justicia investigar el fondo.
Lo que ocurre con el pp es sólo posible controlando la justicia. No hay más y efectivamente es una mafia en el sentido amplio de la palabra.
Se sabe a que hora detienen a esa mafia incluyendo votantes ? Ilegalizan hoy ese partido de ladrones, o hay que esperar…?
¡Qué chorprecha!
NO PUEDER SER!! El corruppto?
y sigue y sigue, y no les pasara nada, pais de pandereta