Los ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, que han redactado conjuntamente el texto, han decidido no dejar a las reunificadoras bajo la tutela del Banco de España, como les habían solicitado, porque entienden que bajo el mando de ese organismo deben quedar sólo las empresas que capten depósitos. Estas empresas tendrán libertad de precios, pero siempre deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados y, además, podrán ser denunciados por el Ministerio Fiscal
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