Esto supone para numerosos investigadores un riesgo real de que aumente el furtivismo y se eche a perder el trabajo de protección realizado desde hace casi cuatro décadas en la reserva de Tabarca. Por contra, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sostienen que habrá un control «más preciso, transparente y rentable, reduciendo costes sin mermar la protección de los ecosistemas».
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