Solicitan al Parlamento que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario para que la práctica del aborto quede garantizada en la red sanitaria pública. En estos momentos, el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas y hay grandes diferencias entre las comunidades. Feministas y clínicas, que aplauden que por primera vez en España el aborto pase a ser un derecho, cuestionan el plazo de 14 semanas, "conservador y alejado de las legislaciones más progresistas".
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