Las autoridades públicas, empresas y ciudadanos de España son partidarios de una legislación a nivel de la UE para combatir la precariedad de los investigadores y promover su movilidad entre los Estados miembros. Para la mayoría, los principales problemas que afrontan los investigadores son los bajos salarios y malas condiciones laborales, la falta de reconocimiento de sus titulaciones, la insuficiente movilidad entre países y las dificultades a la hora de trasferir de un estado miembro a otro derechos como las pensiones.
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