Tras el 11 de septiembre la Administración estadounidense declaró la llamada “guerra contra el terrorismo”, una guerra sin precedentes, sin límite espacial o temporal, y ante un enemigo difuso que va siendo señalado en función de oscuros intereses políticos y/o comerciales. Esto aceleró el establecimiento de legislaciones destinadas a limitar o suprimir derechos fundamentales, así como a ampliar competencias policiales y dar carta de impunidad a los servicios secretos.
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