Los constructores españoles empezarán a consultar a la policía (algo que ya se realiza desde hace años en otros países europeos) para poder construir viviendas más seguras que permitan reducir el número de robos y la psicosis de inseguridad en la que vivimos los últimos meses. De todas maneras el Gobierno también podría endurecer las leyes y castigar más severamente a los cacos.
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