A siete años de que el Gobierno impulsara la idea de crear un registro que informara sobre los nuevos casos de VIH en el Estado español, aún no se ha podido concluir la polémica en cuanto a su existencia, pese a la decisión aprobatoria del Tribunal Supremo. El Ministerio de Sanidad a su vez ha hecho oídos sordos a las minorías afectadas que repudian la decisión judicial, pues pisa el derecho a la intimidad.
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