Esto se debe generalmente a que el valor total de los contratos ya ha sido completamente comprometido, lo que significa que el gobierno tiene una obligación legal de gastar los fondos para los bienes o servicios que adquirió y, en muchos casos, ya lo ha hecho. “Es como confiscar munición usada después de que ha sido disparada cuando no queda nada en ella. No logra ningún objetivo político”, dijo Charles Tiefer
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