«Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten interrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial, no sólo infringe varios preceptos del Código Penal, no sólo supone una inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes, sino que, sobre todo, constituye una quiebra del orden constitucional», dice el senador en su petición.
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