El kapital, es decir los grandes propietarios inmobiliarios, en la más pura terminología okupa, no es la única víctima de las usurpaciones de viviendas. Estas incluso alcanzan a la Administración, la que debe velar para que no ocurran. La Generalitat cuenta, hoy en día, con 84 pisos de protección oficial okupados, según un recuento de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Ello supone un aumento del 38% respecto a finales de julio del 2004, cuando la cifra era de 61.
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