La asociación conservacionista Ecologistas en Acción, que denunció a finales del pasado octubre este traslado de productos tóxicos e incluso cancerígenos para la población, señaló la posibilidad del “posible tráfico ilícito de residuos peligrosos” procedentes de este país de la extinta Yugoslavia contraviniendo el Convenio de Basilea, que prohíbe expresamente la importación de sustancias peligrosas, como las que durante el pasado año se sepultaron en el polémico vertedero onubense, gestionado por la empresa Ditecsa