El caso de un bombero que ha sido jubilado de oficio, sin adaptación del puesto, sin segunda actividad real, sin notificar y sin posibilidad de defender sus derechos, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo que pregunta al TJUE si una discapacidad sobrevenida, puede justificar la expulsión automática del empleo público sin explorar alternativas. Habla de dignidad profesional, de no perder conocimiento operativo que puede seguir salvando vidas desde otros ámbitos del servicio. Relacionada:
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Imagina 20 años de servicio como bombero‑conductor, miles de horas en emergencias reales, más de 2.000 horas de formación específica, una carrera universitaria técnica y un título de FP en emergencias y protección civil.