Una de las cuestiones más polémicas del texto se refiere al nombramiento de su máximo responsable, el director o directora general. Ese puesto lo ocupa desde hace 15 años Alfonso Sánchez Izquierdo, designado por Alberto Núñez Feijóo en 2009 y quien lleva en el mismo de manera irregular desde 2011, cuando se aprobó la ley autonómica aún en vigor que obliga a que su nombramiento cuente con el respaldo de dos tercios de las diputadas del Parlamento.
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