La orden —la más reciente en una serie de acciones en contra de los despachos cuyos abogados han llevado a cabo labores jurídicas con las que Trump discrepa— amenazaba con suspender los permisos de seguridad para los abogados del bufete, así como con poner fin a cualquier contrato federal en el que la firma estuviera involucrada. Mencionó como explicación el hecho de que un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump
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