#1 Pues sí @josde, es un dato malo, imagínate una España con cinco millones de parados, con una salario mínimo de cachuetes y unos derechos laborales del siglo XVI ¿no sería mucho más fácil emprender? ¿es que no pìensas en los tiranos y los explotadores? ¡Qué poca empatía! [ironic]
Menos mal que en breve llegarán los que sí piensan gobernar para ellos. [no ironic]
Linkografía para quien quiera comprobar el hilo. No es una lista de santos ni de héroes perfectos: es una lista de casos donde alguien denunció, investigó o no siguió la omertá, y el coste personal/profesional fue bastante visible.
Aclaro una cosa porque veo que este tipo de envíos puede generar ruido: no busco polarizar a la sociedad ni decir que “todos los jueces son corruptos”. Eso sería una estupidez.
Lo que intento señalar es algo mucho más básico: en una democracia no basta con que la justicia sea formalmente legal; también tiene que parecer imparcial y actuar de forma reconocible como imparcial. La apariencia de justicia no es un adorno estético: es parte de la confianza pública en el sistema.
Cuando una misma trayectoria judicial acumula decisiones expansivas contra unos actores políticos y decisiones mucho más prudentes, estrechas o garantistas cuando el foco mira hacia otros, es legítimo que la ciudadanía lo examine, lo compare y lo critique.
Criticar resoluciones judiciales no es atacar la separación de poderes. Al contrario: es tomarse en serio que el poder judicial también es un poder del Estado y, por tanto, debe poder ser observado con lupa democrática.
Dejo enlaces en orden cronológico para quien quiera comprobar de dónde sale el hilo:
#8 Creo que tus comentarios no van a reducir mi indignación con la justicia, ni las cloacas, ni el sistema.
Me gustaría poder alegrarte el día con buenas noticias para vivir en un país más justo, pero como no tengo te pongo un vídeo de gatitos youtu.be/u0XHVssfsYM?si=X4bFpiaAiB5jC0AB
#4 El problema no es defender a Ábalos. Que le den a Ábalos como figura pública: si robó, si cobró favores o si usó el cargo para pagar pisos y colocar gente, que pague.
El problema es comparar el trato.
En Ábalos/Koldo/Aldama tenemos WhatsApps, pisos, pagos, acompañantes, teléfonos, UCO, relato completo y prisión preventiva para Ábalos y Cerdán. Aldama, que según la propia tesis policial era quien pagaba, colabora y está en la calle. Discutible, pero claro: ahí hay urgencia, presión y exposición pública.
En Kitchen hablamos de una operación parapolicial nacida en 2013, presuntamente montada desde Interior para robar o destruir pruebas sobre la caja B del PP. Trece años después, ministros y altos cargos desfilan como testigos diciendo “no lo sé”, “no me consta”, “no lo recuerdo”.
García-Castellón rechazó reimputar a Cospedal pese a los audios de Villarejo sobre la “libretita” de Bárcenas. Ya en el juicio, el tribunal tampoco permite escuchar audios que podían conectar a Cospedal, su marido o Rajoy con el espionaje a Bárcenas.
Y cuando Rajoy declara, la presidenta del tribunal corta preguntas sobre la caja B. Es decir: se puede hablar de la operación Kitchen, pero no demasiado del motivo por el que Kitchen habría existido.
Es como juzgar un incendio y prohibir preguntar por la gasolina.
La pregunta es simple: ¿cómo sería este país si hubiéramos visto todos los WhatsApps, llamadas y mensajes de Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz, Francisco Martínez, Villarejo y la policía patriótica con el mismo detalle con el que hemos visto la vida de Ábalos y Koldo?
Para unos: microscopio, prisión preventiva, relato completo ¿inventado? y humillación pública.
Para otros: trece años, testigos desmemoriados, audios que no se escuchan, preguntas cortadas y dirigentes políticos fuera del banquillo.
Hacer estos artículos es bastante sencillo: no hace falta ninguna teoría sofisticada, solo poner juntas fechas, declaraciones judiciales y cronómetros.
No digo que sea una conspiración. Digo que la justicia española tiene una dirección del viento bastante reconocible.
Santi: Excelentísimo Ministro de Igualdad (sin límite de palabras)
Entre 2026 y el final del mandato del ínclito Perro Santxe que duró hasta después de su muerte —que, por suerte para algunos, gobernó en años perrunos (cada uno equivalente a siete humanos)—, las mujeres pasaron a ser mayoría en la carrera judicial y a controlar casi todos los órganos de decisión de la judicatura.
El experimento perrocomunista había funcionado: gracias a sus normas de inclusión, cualquiera podía llegar a presidente. Literalmente cualquiera.
Tras su muerte con honores de Estado, la coalición de Extremo Centro Radical MEGL (Make España Grande y Libre) decidió poner orden. Había que proteger a los hombres.
Aprobaron la Ley de Representación Masculina Obligatoria.
El problema era que los hombres disponibles ya no estaban. Los de buena familia eran todos cryptobros, traders de memes y gurús de motivación financiera. Trabajar no entraba en su modelo de negocio.
La solución fue brillante: sorteo.
Varones españoles, mayores de edad, con ocho generaciones en la piel de toro. Si eras suficientemente castizo, sabrías distinguir el bien del mal.
Los primeros meses fueron caóticos.
Luego, incómodos.
Y después, peligrosos.
Sin contactos, sin favores, sin miedo a perder nada, aquellos tipos empezaron a aplicar la ley tal cual estaba escrita.
Y funcionó.
Cayeron políticos, empresarios, consejeros, jueces.
Casi todos.
En menos de un año, sin corrupción que la sostuviera, España empezó a parecer un país serio. Productivo. Incluso eficiente.
Aquello no gustó.
Intentaron parar el proceso.
Modificar la ley.
Recuperar “equilibrios”.
Pero ya no quedaba nadie con capacidad real para hacerlo.
Años después, alguien resumió el fenómeno en una comisión parlamentaria.
No fue una guerra de sexos. Fue un accidente de clase.
Si le hubieran juzgado los del Fiscal General del Estado le hubiesen condenado, a él, o a su entorno. Quién sabe, puede que hubieran encerrado a la ex pareja.
#3 El problema del Prestige no fue el accidente sino la decisión política posterior. El gobierno de José María Aznar ordenó alejar el petrolero mar adentro en lugar de llevarlo a un puerto refugio, decisión que se tomó desde el Gabinete de Crisis dirigido por el Ministerio de Fomento (entonces con Francisco Álvarez-Cascos) y ejecutada por la Dirección General de la Marina Mercante.
El barco pasó seis días siendo remolcado frente a Galicia con el casco ya dañado hasta que finalmente se partió en dos y se hundió, provocando uno de los mayores vertidos de petróleo de Europa.
Lo relevante es que posteriormente varios análisis técnicos y procedimientos internacionales concluyeron que esa decisión de alejar el barco contribuyó a agravar el desastre, porque aumentó las tensiones estructurales del casco y multiplicó el vertido.
El caso acabó provocando cambios en toda Europa: obligación de designar puertos refugio y retirada acelerada de petroleros monocasco.
Es decir, el accidente era inevitable, pero la gestión política de esos días probablemente convirtió un vertido grave en una catástrofe mucho mayor. Que en este país no se analicen las causas y se premie a los gestores incompetentes nos aboca a repetir constantemente los mismos errores.
#9 grisgoblin 
gracias por compartir 
