El Gobierno aporta más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Dependencia (un 55,7% del total de los fondos que se destinan, sin tener en cuenta los territorios forales ni Ceuta y Melilla), las comunidades se encargan del 27,5% y los usuarios, del resto (un 16,8%). Pero no todas las autonomías están haciendo el mismo esfuerzo. A tres de ellas, Canarias, Baleares y Murcia, les basta con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema y aún les sobra.
Comentarios
Baleares teníamos que ser...
Más injusticias. A ver si se creen que en Cataluña no hay pobres. En mi familia estuvimos atendiendo mi padre hasta que murio así como a mi abuelo y nadie nos ha compensado por ello. La suerte es la cohesión familiar.
La ley de dependencia esta horrosamente dotada de presupuesto. Es injusto el tratamiento entre las autonomías.