Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo del Gobierno vasco que acaba de asumir su gestión. Esa cifra supone casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que el destinatario tenga o no personas a su cargo.
Comentarios
Es una verguenza, pero por ambas partes. Mi madre es enfermera que trabaja con Lanbide y tiene algunos pacientes a los que todavia ni siquiera ha pasado un inspector a verlos.
El fraude en las ayudas ha sido brutal y ya es hora de ponerle freno de una puta vez.
retirada, que devuelvan lo cogido y multa!