Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo del Gobierno vasco que acaba de asumir su gestión. Esa cifra supone casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que el destinatario tenga o no personas a su cargo.
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