La factura total de este masivo plan de salvamento político roza los 185.000 millones entre 2012 y 2015, casi cuatro veces más que el rescate de las cajas de ahorros. De hecho, una parte sustancial del aumento que ha registrado la deuda pública durante este período responde al rescate autonómico y local, una vez excluidas las necesidades de financiación derivadas del déficit presupuestario.
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