El Gobierno está empeñado en favorecer la fuente de energía cuya combustión provoca más contaminación atmosférica por emisiones de CO2 prefiriendo que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una política energética en la que el Estado continua subvencionando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica para favorecer la producción de un carbón nacional barato y dirigido al consumo de las industrias térmicas de producción de electricidad.
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