El pacto de la vivienda es un estropicio político que significa reducir los objetivos de la política de vivienda pública en beneficio de los promotores habituales. Estos consideran que son los dueños del rancho y que la política pública debe servir para asegurarles la actividad en tiempos de cólera, es decir: mercado reducido, tipos de interés altos, alarma familiar, etc. No para ofrecer a los ciudadanos una vivienda accesible económicamente y poco supeditada a los vaivenes del ciclo económico, sino dirigida a satisfacer la demanda demográfica.
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