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El actual teniente fiscal del Tribunal Supremo toma el relevo en funciones al fiscal general del Estado, que murió en Buenos Aires el fin de semana. Navajas dio el nombre a un informe en el País Vasco que relacionaba el tráfico de drogas con guardias civiles. TRADUCCIÓN: #1

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TRADUCCIÓN: #1

A raíz de la muerte del fiscal general del Estado, el pasado sábado en Buenos Aires, ya hay un sustituto en funciones: el actual teniente fiscal del Tribunal Supremo. De José Manuel Maza a Luís Manuel Navajas. Conocido por el informe Navajas sobre la relación entre el tráfico de drogas y guardias civiles de Intxaurrondo en el País Vasco, durante los últimos meses ya ha estado trabajando codo con codo con Maza contra el Gobierno catalán, la Mesa del Parlamento y los Jordis. El pasado cinco de octubre, desde la inauguración del Congreso Jurídico del Colegio de Abogados de Málaga, Navajas ya aseguró que el ministerio Fiscal adoptaría "con serenidad, pero con firmeza", "todas aquellas medidas y resoluciones" para revertir el "agravio al Estado de derecho y la ley" de las acciones de la Generalidad.

De origen granadino, en 1976 fue destinado a Almería y Badajoz, hasta que doce años más tarde, fue nombrado fiscal jefe de San Sebastián. En el País Vasco ha dejado huella, especialmente por el informe que llevaba su nombre y que fue ocultado a cal y canto, pero también por sus actuaciones contra miembros de Batasuna, como el caso de la querella contra cinco concejales abertzales, que en 2002 declararon hijo predilecto de San Sebastián Hodei Galarraga, un militante de ETA que murió cuando transportaba un explosivo.


El informe secuestrado

El documento, elaborado por el fiscal en 1989, que detallaba supuestas relaciones entre narcotraficantes y guardias civiles de la macrocaserna de Intxaurrondo, nunca fue investigado. Aunque el sustituto de Maza enviarlo al Fiscal General del Estado, no se llegó a registrar y Luís Manuel Navajas, finalmente, no insistir más. De hecho, según una investigación del diario Egin, cuando la asociación de prevención de drogodependencias Askagintza se personó como acusación popular, Navajas dijo que había transcurrido mucho tiempo desde la denuncia y que no contaba con agentes judiciales suficientes para llevar a cabo la investigación. Según el medio, a partir de entonces se dedicó a obstaculizarla.

De hecho, Egin ya denunció en su momento que el fiscal de San Sebastián no era el autor del informe, sino que había reducido a ocho folios la investigación original, llevada a cabo por la Unidad Central de Investigación Fiscal Antidroga (UCIFA). El documento del UCIFA, relataba el diario, era una medida de uno de los sectores implicados en el narcotráfico, contra el otro sector, que era la macrocaserna de Intxaurrondo, capitaneada por Enrique Rodríguez Galindo, más tarde condenado por los GAL.

La droga y especialmente la heroína había irrumpido con fuerza en la sociedad vasca, y especialmente en la juventud, a finales de los años 70. Se produjeron varios casos de "desaparición" de sustancias incautadas durante redadas, uno de los casos más sonados fue el de los 150 kilogramos en Irún en 1988. Años más tarde, el teniente coronel Máximo Blanco -que había sido el número 3 de Galindo a Intxaurrondo-, fue detenido en San Carlos de la Rápita con 5.400 kilogramos de hachís e ingresó a prisión como supuesto integrante de una red de narcotráfico.

Inicialmente, las diligencias del caso Navajas, las asumió el juez Fernando Andreu de acuerdo con un contrainforme elaborado por la Guardia Civil, no el del fiscal y mucho menos el original. Además, tras la declaración de Kike Dorado Villalobos - hombre de confianza del general Galindo, adscrito al grupo especial AT1, más tarde condenado por el asesinato de Lasa y Zabala y como miembro de los GAL- abandonó. El mismo Galindo había solicitado el cese de Navajas y había interpuesto una demanda contra el grupo de música vasco Negu Gorriak por la canción "Ustelkeria", que se hacía eco del contenido del informe publicado, que responsabilizaba el coronel.

El mismo Fiscal, en una entrevista en Diario 16 en 1992, afirmó que "las personas implicadas han enterrado los indicios de culpabilidad". Sin embargo, parte del dossier original se filtró a la prensa y uno de los fragmentos hablaba directamente de "focos de corrupción interna detectada en la Comandancia de Guipúzcoa".

En el pleno del 18 de mayo de 1995, el PNV ya denunció el hecho de que las diligencias informativas relacionadas -1 / 1989- no se hubieran incorporado a ningún expediente judicial, sin estar archivadas, y que no se hubieran investigado en ningún sumario de la Audiencia Provincial de San Sebastián.

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De mal en peor. País.