La Constitución española expresa en su artículo 38 la libertad de empresa de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Está claro que la llamada libertad de empresa tiene dos condicionantes que dependen en su diseño, orientación y dirección, en última instancia, de los poderes públicos y sus instituciones. Lo mismo se especifica con mayor claridad aún en los artículos 128 y 129 del texto constitucional.
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