La adjudicación de contratos públicos, previo amaño, a cambio de mordidas no era una excepción en la Diputación Provincial de Almería. Más bien, según el juez que investiga el llamado caso Mascarillas, un modus operandi instalado en el seno del organismo por los cargos públicos que lo dirigían, empezando por su ex presidente, Javier Aureliano García, con el objetivo de lucrarse personalmente.
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