La Comisión Europea ha sido clara: España sigue incumpliendo la directiva comunitaria sobre trabajo de duración determinada. El TJUE, por su parte, observa con creciente inquietud cómo los tribunales españoles, incluido el Supremo, aplican su doctrina de forma parcial, restrictiva o directamente la ignoran. Según juristas especializados, el diagnóstico es severo: el problema no es interpretativo, sino de resistencia institucional. España parece que no tiene claro un principio fundamental: el derecho comunitario no se interpreta; se aplica.
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Ya basta de mentir.
El que quiera plaza, que apruebe.