Bruselas frena la iniciativa ciudadana que pedía garantías para las comunidades culturales y lingüísticas singulares, escudándose en competencias estatales y en una retórica de inclusión genérica que esquiva lo esencial. La política de cohesión, nacida para corregir desigualdades territoriales, sigue sin mirar de frente a las desigualdades culturales internas. En nombre del equilibrio institucional, ha desoído una demanda legítima que ponía sobre la mesa una cuestión tan crucial como silenciada: la protección efectiva de la diversidad interna
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