Creen que el equipo de Gobierno incurre en un presunto delito de prevaricación administrativa. "No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos", recoge el escrito de denuncia.
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