Una de las múltiples cuestiones que los familiares de víctimas de residencias recriminan a la Comunidad de Madrid en la aplicación de los denominados como protocolos de la vergüenza es que los pacientes que tuvieras seguro privado, tal y como está constado, sí fueron derivados. Una cuestión de clases que, además de escapar a cualquier ética y moral, ni siquiera se entendería desde un punto de vista económico que, por supuesto, tampoco estaría justificado.
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