Cuatro jefes de estos centros, un empresario del ladrillo y la fundación que se encargaba de administrarlos han sido señalados por la justicia por su presunta participación en el uso indebido de las subvenciones. La pesquisa, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, arrancó en 2022 a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), adscrito al Banco de España.
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