Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales. El borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal permite a los jueces que autoricen a la policía la instalación de troyanos en los equipos informáticos de los investigados.El texto prevé el acceso remoto para delitos con penas máximas superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el crimen organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad
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