Junto a la tristemente famosa amnistía fiscal aprobada a finales del pasado mes de marzo, el nuevo Gobierno introdujo también la posibilidad de que las empresas puedan repatriar los dividendos obtenidos de sus filiales ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación aplicando un gravamen especial del 8%, con lo que pretende recaudar en torno a 750 millones de euros.
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