El problema reside en que, amparándose en la seguridad ciudadana, concretamente en la amenaza tanto de la actividad terrorista como del crimen organizado, los datos que se solicitan son excesivamente privados y sensibles. Así, se reclama la numeración de las cuentas bancaria y numeración de las tarjetas de crédito de los clientes, así como su fecha de caducidad, o el parentesco con el resto de los integrantes de la reserva, entre otros.
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