Los últimos casos de irregularidades urbanísticas demuestran que todavía hay mucho terreno por recorrer. Es una buena señal que se esté deteniendo a los corruptos pero hay todavía leyes que se deben hacer: endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos municipales, y mayor supervisión de las comunidades autónomas sobre los municipios. Aun así, sólo el 20% del suelo es gestionado por las administraciónes públicas.
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