Cuando el gobierno de Silvio Berlusconi puso en vigor la nueva ley de seguridad por la que se consideraba delito la clandestinidad, las familias con trabajadores domésticos alzaron su voz solicitando la regulación de las personas que tenían en casa. El procedimiento de regulación inicia con el pago de 500 euros por cada trabajador, pudiendo presentar al máximo tres personas por cada familia. Con esta medida el Estado italiano se embolsará entre 300 y 400 millones de euros, a los que hay que añadir 80 euros más por cada extranjero,
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