El escrito critica que ni la Ley orgánica contra la Violencia de Género ni la propia normativa de la Comunidad de Madrid contemplen una sentencia condenatoria para que las víctimas accedan a las ayudas. La razón: “Puede generar incentivos perversos: que las supuestas víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica”.
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