El policía aprovechaba su posición para exigir dinero en efectivo a algunos pasajeros extranjeros para autorizar su entrada, sin que quede registrada la infracción. El importe mínimo que recibía de cada viajero podía llegar hasta los 100 euros por persona y día, lo que en algunos casos podría superar los miles de euros. Para ocultar sus actos, el agente manipulaba la lista de inadmitidos, borrando los nombres de aquellos pasajeros a quienes había coaccionado.
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